La LISMI establece que todas las empresas e instituciones que empleen a un número de 50 o más trabajadores, están obligadas a reservar el 2% de la plantilla para trabajadores con discapacidad (esto es, que dispongan de certificado del 33% de minusvalía como mínimo).

De manera excepcional se han establecido medidas alternativas para el cumplimiento de esta Ley, ofreciendo la posibilidad de que, excepcionalmente, las empresas queden exentas de esta obligación si realizan acciones sustitutorias, previstas y aprobadas por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.